Defensoría urge al Gobierno restituir los derechos de las y los artistas musicales costarricenses

Informe revela actuaciones del Poder Ejecutivo, en el 2009, violatorias de los derechos de propiedad intelectual de los músicos.

Comisión de Ministros del actual Gobierno ha sido incapaz de resolver el asunto, dice la Defensoría.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Gobierno tomar las acciones necesarias para restituir los derechos de las y los artistas musicales costarricenses, que fueron prácticamente anulados con una serie de medidas tomadas irregularmente por la Administración Arias Sánchez, en los últimos meses de su mandato.

La solicitud forma parte de un exhaustivo informe de la Defensoría, tras investigar una denuncia presentada en noviembre del 2010 por las y los artistas musicales, por violación a los derechos de autor y conexos, ya que el Poder Ejecutivo eliminó los mecanismos por los cuales podían realizar el cobro a las empresas de radiodifusión por la utilización comercial de sus obras, interpretaciones y ejecuciones.

El informe fue entregado este jueves a los diputados de la Asamblea Legislativa, por parte de los integrantes de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE Costa Rica), con la petición de que sean vigilantes de que el Poder Ejecutivo cumpla con estas recomendaciones de la Defensoría.

“Venimos a exigir al Gobierno de la República, que acate las recomendaciones del informe de la Defensoría de los Habitantes y corrija los desaciertos que se vienen presentando desde el 2009, porque se está violando nuestro legítimo derecho a percibir un ingreso justo y equitativo por el uso comercial que hacen los radiodifusores de nuestras creaciones artísticas”, explicó el cantautor y productor Esteban Monge, vicepresidente de AIE Costa Rica.

En este tema, la Defensoría solicitó la intervención de la Presidencia de la República “a fin de que la situación expuesta en la presente investigación pueda ser atendida y resuelta a la mayor prontitud. Lo anterior, debido a la importancia de los intereses y derechos en juego”.

Medidas arbitrarias

La investigación de la Defensoría concluyó que el Poder Ejecutivo incurrió en varias irregularidades que menoscabaron los derechos consagrados en convenios internacionales, así como los que establecen la Constitución Política y las leyes nacionales en favor de la propiedad intelectual de las y los artistas musicales.

Entre otras anomalías, el informe destaca:

La presentación de reservas al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (conocido como WPPT) y a la Convención Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (conocido como Convención de Roma), por parte de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, con el fin de librar a las radiodifusoras del pago de derechos conexos, se realizó sin haber consultado a las partes afectadas, en este caso a las y los artistas musicales, pese a la declaración en sentido contrario de la entonces Ministra de Justicia, Viviana Martín.
La modificación del reglamento a la Ley de Derechos de Autor, vía decreto ejecutivo, sin motivación y sin sustento técnico, con el propósito fundamental de excluir a la radiodifusión nacional del pago de los derechos conexos que pudieran gestionar los intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos. Lo que constituye una clara violación de estos derechos. En criterio de la Defensoría, las reformas introducidas por este decreto, pueden constituir una “arbitrariedad administrativa”.
En febrero del 2011 el Consejo de Gobierno nombró una comisión de Ministros, con un plazo de cinco semanas para dar solución al tema, pero hasta la fecha “ha sido incapaz de resolver el asunto” por cuanto existe una descoordinación a lo interno de ese órgano.

Corregir lo actuado

Tras señalar las irregularidades detectadas en las actuaciones del Gobierno la Defensoría realizó las siguientes recomendaciones:

Retirar las reservas presentadas por Costa Rica al artículo 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma), y al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).
Derogar las modificaciones efectuadas al Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y derechos Conexos, Decreto Ejecutivo No 24611-J, realizadas mediante Decreto Ejecutivo No 36014-MP-COMEX-J. Cabe destacar que esta es la segunda vez que la Defensoría recomienda derogar este decreto ya que en el informe final sobre la denuncia presentada por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), publicado en noviembre del 2010 (con oficio PV-12411-2010-DHR), este órgano también recomendó al Gobierno derogar este decreto).
Luego de realizar las correcciones anteriores, que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo con las partes interesadas o directamente relacionadas con el tema, y promueva el establecimiento de los criterios técnicos que definirán la remuneración equitativa correspondiente a la gestión de los derechos conexos de las y los artistas musicales costarricenses.
Valorar la posibilidad de cambiar la integración o disolver la Comisión de Ministros, y encargar el tema al Ministerio de Justicia -que a la fecha no ha asumido el rol que le compete-, en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Las y los artistas musicales también solicitaron a los diputados archivar o rechazar el proyecto de Ley 17.719, porque también atenta directamente contra los derechos de los intérpretes y ejecutantes musicales.

“Queremos reiterar que siempre hemos estado anuentes al diálogo y a la negociación, en condiciones de igualdad, y sobre la base de que las y los artistas musicales, tenemos el derecho legítimo de obtener un beneficio económico justo y equitativo por el uso de nuestra creación intelectual” recalcó el secretario de AIE Costa Rica, Patricio “Pato” Barraza.

El músico enfatizó que “cuando no se pagan estos derechos, no solo se está afectando nuestro trabajo profesional, sino que se frena el desarrollo de la industria musical nacional, que está contribuyendo a la formación de nuestra identidad artística y cultural como país”.